Sergio Caballero
Lima, 4 may (Sputnik).- En Perú, a estas alturas del año, los partidos políticos ya estarían moviendo sus bases y sus líderes estarían buscando presencia mediática en vista de que en abril del 2021 se elegirá presidente y Congreso; sin embargo, nadie imaginó que la pandemia del covid-19 llegaría a paralizar todo y abrir aún más interrogantes sobre el futuro, esta vez político.
Según las leyes, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) deberá convocar a elecciones generales en julio próximo, pero con un matiz inédito producto de la reforma política emprendida por el Gobierno en 2019: esta vez se celebrarían elecciones primarias generales y obligatorias para ver qué partidos, pasando el 1,5 por ciento de votos del padrón, quedarían en carrera definitiva.
Sin embargo, realizar las primarias representa un problema de importancia capital en tiempos de crisis: esas elecciones harían que los peruanos salgan a la calles en masa a ejercer su voto con el consecuente riesgo sanitario y, además, importarían un gasto elevado para un Estado bastante castigado ya por la paralización en seco de la economía.
Antes situaciones extraordinarias, hay que tomar decisiones creativas y prácticas, es lo que sugiere José Tello Alfaro, abogado miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral.
"Las elecciones primarias tendrían un costo de entre 200 a 300 millones de soles (60 a 90 millones de dólares) y como está el país, tratando de reactivar la maquinaria económica, es una posibilidad que no conviene y que sería mejor dejarla de lado con las respectivas modificaciones legales", comentó para Sputnik Tello Alfaro, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.
Para el experto, la salida más idónea es no celebrar las primarias y sacar adelante sólo los comicios internos en las agrupaciones políticas, aplicando además el voto electrónico no presencial (VENP) para evitar, nuevamente, aglomeraciones.
"Ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha ido desarrollando el VENP, pero estas internas tienen que desarrollarse con la fiscalización del JNE de manera obligatoria para evitar la informalidad que se ha visto antes", señala el experto.
Según ley, el Congreso está habilitado para legislar en materia electoral hasta septiembre de este año, algo que podría presentar un problema considerando que la convocatoria a elecciones se da en julio, pues en ese lapso (julio a septiembre), el Legislativo podría variar las reglas del juego electoral en plena campaña.
"Para evitar este problema y garantizar la seguridad jurídica del proceso, se podría variar los plazos excepcionalmente para que la convocatoria a elecciones se haga en octubre, de manera que el Congreso no pueda introducir cambios (pues su plazo para legislar habría vencido en septiembre)", dice Tello Alfaro.
Con la incertidumbre de cuándo se podrá volver a la normalidad, otro problema es la celebración de la segunda vuelta presidencial, una constante en las elecciones de Perú desde el año 1990.
El abogado afirma que quizá, por la excepcionalidad de la situación, los peruanos tendrán que renunciar a ese mecanismo que exige que si un presidente no supera el 50 por ciento de los votos, debe enfrentarse en otra elección con su perseguidor más cercano.
"Acá cabría modificar la valla de balotaje y que no sea 50 por ciento sino 40 por ciento, pero con una diferencia de no menos de 10 puntos con el segundo candidato. También hubo una propuesta en el JNE de 45 por ciento o incluso bajarlo más a 40 por ciento, que es una propuesta intermedia", indica el abogado tratando, nuevamente, de salvaguardar tanto el aspecto económico como el sanitario en beneficio del país.
Desde luego, toda propuesta está supeditada a lo que venga en el futuro, tan incierto que lo único que demandaría es, tal vez, que las autoridades se pongan en el peor escenario posible para tratar de mantener intocable el sistema democrático por una desgracia que nadie en el mundo imaginó como posible. (Sputnik)
Lima, 4 may (Sputnik).- En Perú, a estas alturas del año, los partidos políticos ya estarían moviendo sus bases y sus líderes estarían buscando presencia mediática en vista de que en abril del 2021 se elegirá presidente y Congreso; sin embargo, nadie imaginó que la pandemia del covid-19 llegaría a paralizar todo y abrir aún más interrogantes sobre el futuro, esta vez político.
Según las leyes, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) deberá convocar a elecciones generales en julio próximo, pero con un matiz inédito producto de la reforma política emprendida por el Gobierno en 2019: esta vez se celebrarían elecciones primarias generales y obligatorias para ver qué partidos, pasando el 1,5 por ciento de votos del padrón, quedarían en carrera definitiva.
Sin embargo, realizar las primarias representa un problema de importancia capital en tiempos de crisis: esas elecciones harían que los peruanos salgan a la calles en masa a ejercer su voto con el consecuente riesgo sanitario y, además, importarían un gasto elevado para un Estado bastante castigado ya por la paralización en seco de la economía.
Antes situaciones extraordinarias, hay que tomar decisiones creativas y prácticas, es lo que sugiere José Tello Alfaro, abogado miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral.
"Las elecciones primarias tendrían un costo de entre 200 a 300 millones de soles (60 a 90 millones de dólares) y como está el país, tratando de reactivar la maquinaria económica, es una posibilidad que no conviene y que sería mejor dejarla de lado con las respectivas modificaciones legales", comentó para Sputnik Tello Alfaro, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.
Para el experto, la salida más idónea es no celebrar las primarias y sacar adelante sólo los comicios internos en las agrupaciones políticas, aplicando además el voto electrónico no presencial (VENP) para evitar, nuevamente, aglomeraciones.
"Ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha ido desarrollando el VENP, pero estas internas tienen que desarrollarse con la fiscalización del JNE de manera obligatoria para evitar la informalidad que se ha visto antes", señala el experto.
Según ley, el Congreso está habilitado para legislar en materia electoral hasta septiembre de este año, algo que podría presentar un problema considerando que la convocatoria a elecciones se da en julio, pues en ese lapso (julio a septiembre), el Legislativo podría variar las reglas del juego electoral en plena campaña.
"Para evitar este problema y garantizar la seguridad jurídica del proceso, se podría variar los plazos excepcionalmente para que la convocatoria a elecciones se haga en octubre, de manera que el Congreso no pueda introducir cambios (pues su plazo para legislar habría vencido en septiembre)", dice Tello Alfaro.
Con la incertidumbre de cuándo se podrá volver a la normalidad, otro problema es la celebración de la segunda vuelta presidencial, una constante en las elecciones de Perú desde el año 1990.
El abogado afirma que quizá, por la excepcionalidad de la situación, los peruanos tendrán que renunciar a ese mecanismo que exige que si un presidente no supera el 50 por ciento de los votos, debe enfrentarse en otra elección con su perseguidor más cercano.
"Acá cabría modificar la valla de balotaje y que no sea 50 por ciento sino 40 por ciento, pero con una diferencia de no menos de 10 puntos con el segundo candidato. También hubo una propuesta en el JNE de 45 por ciento o incluso bajarlo más a 40 por ciento, que es una propuesta intermedia", indica el abogado tratando, nuevamente, de salvaguardar tanto el aspecto económico como el sanitario en beneficio del país.
Desde luego, toda propuesta está supeditada a lo que venga en el futuro, tan incierto que lo único que demandaría es, tal vez, que las autoridades se pongan en el peor escenario posible para tratar de mantener intocable el sistema democrático por una desgracia que nadie en el mundo imaginó como posible. (Sputnik)