Los afectados no han logrado recibir sus
cheques, todo porque la SSJ les ha negado el pago de su seguro institucional.
Al acudir a las aseguradoras, los jubilados se enteraron que la Secretaría de
Salud no tiene convenio con ninguna, en tanto que el titular de esta oficina
rehuye hablar con ellos
Por Rafael Hernández Guízar
La Secretaría de Salud de Jalisco ha retenido
3 millones 700 mil pesos a los jubilados al negarles el pago de un seguro
institucional desde enero del 2017, denunció ayer María Filomena Melchor Tapia,
una de las afectadas.
Aseveró que pese a que por todos sus años de
servicio les quitaron dinero para darles una “garantía” al momento de su
jubilación, ni ella ni los recientes 149 jubilados han logrado recibir sus
cheques.
“Lo que pasa es que me jubilé yo el primero
de enero de este año, ya van 10 meses y la Secretaría de Salud no me ha dado mi
seguro de retiro, de manera informal sé que son 25 mil pesos; yo quiero recibir
un apoyo que fue lo que me retiraron en mis 34 años de servicio y no soy la
única agraviada, somos 150. He pedido una cita con el secretario de Salud y me
la han negado, lo protegen muy bien porque no nos dan cita, quiero de viva voz
exponer mi inconformidad”, sentenció.
–¿Qué les dicen en torno a su dinero?
–A mí no me tocó andar de una aseguradora a
otra; a un compañero, a Adolfo Carranza, sí lo trajeron de una a otra, le
dijeron vaya a MetLife y ahí le dijeron que no estaba la Secretaría con ellos;
en Argos, lo mismo, ya fuimos a la Secretaría de Salud, él y yo, está una
persona nueva y nos dijo que no hay convenio con ninguna aseguradora y a mí me
gustaría saber quién nos metió en esta situación. Yo pienso que 10 meses es
tiempo suficiente y sacando cuentas, 150 personas a partir de enero, es una
gran cantidad, en qué lugar está el dinero.
Con gesto adusto, envío un llamado a Antonio
Cruces Mada, secretario de Salud de Jalisco, quien categóricamente se ha negado
a recibirlos.
“Yo lo que quiero es que me den el seguro
institucional, mío y de mi compañero Adolfo Carranza, pero no somos dos, somos
150 y eso es lo que yo le pido, porque ya fui a pedir cita con usted; sin
embargo, tal vez no merezco que usted me atienda”.
Tras hacer la denuncia pública, los
inconformes podrían iniciar acciones legales para exigir a la dependencia
estatal el pago correspondiente y los agravios que de esto se desprende.