Las autoridades en México se han comportado muy laxas en la posibilidad de que la ciudadanía tenga un arma, ya que el nuevo sistema penal ni siquiera lo pena con la privación de la libertad, aseguró el catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Francisco Jiménez Reynoso.
El también doctor en derecho constitucional indicó que, si bien tener un arma en casa para la protección de las personas es un derecho amparado en el artículo 10 de la Carta Magna, las autoridades han bajado la guardia en torno a la portación de armas, no sólo a la posesión de las mismas en el hogar, al no representar cárcel preventiva para aquellos que caminan por las calles con armamento de uso exclusivo del ejército.
“México sería un paraíso terrenal de paz si esto se apegara a derecho, si realmente se hiciera para todos, el problema es que llegan a parar aquí desperdicios de las guerras, llegan a México a manos de la delincuencia organizada y a ellos no les preocupa ir a registrarlas porque son armas de alto poder, lamentablemente, nuestro país está inundado de estas armas. Tenemos un gran problema en este momento porque ahora que entró el sistema de justicia, la PGR ha consignado a seis mil 905 personas por portación de arma de uso exclusivo del ejército de julio del año pasado a la fecha, pero el 86 por ciento de los consignados están libres porque este delito ya no amerita prisión preventiva”.
Resaltó que hay una gran diferencia entre tener un arma en casa -posesión- para la defensa y traerla consigo -portación-, sin embargo, en ambos casos las autoridades han fallado, dijo, en la integración de investigaciones “serias” que determinen el destino de estas armas, así como el uso que puedan haber tenido, es decir, si fueron o no usadas en la comisión de delitos.
“Porque los fiscales no acreditan con investigaciones serias que se trata de personas peligrosas, que merecen estar en la cárcel. El nuevos sistema ya no amerita cárcel para ellos, el viejo sí, la portación de un arma calibre .45 era cárcel en lo que se investigaba de dónde había salido, por qué la traías y si se había cometido algún delito con ella”, agregó.
Jiménez Reynoso recordó que a través de estudios periciales en criminalística, es fácil determinar si una pistola o un rifle ha sido utilizada en la comisión de delitos como el homicidio, toda vez que según pruebas de balística se puede determinar esto con la observación de las marcas que deja cada arma, tanto en los casquillos como en las mismas balas, algo que tampoco ha sido explotado como debería.
Sin embargo, aseveró que a diferencia de otros países como Estados Unidos, en México aún es complicado tener un arma legalmente registrada.
“Tener un arma depende desde qué ángulo lo apreciemos; porque si lo vemos desde el punto de vista legal no es fácil, no es sencillo, porque a diferencia del vecino país del norte donde acabamos de ser testigos de lo que pasó en Las Vegas donde hubo más de 50 muertos y decenas de heridos por una persona que abrió fuego desde un hotel, allá es muy sencillo comprar armas, con la sola licencia de manejo. Y por eso están en una crisis severa, no creo que tengan políticas adecuadas, pero en México hay una serie de requisitos que se deben de cumplir para todos los que quieren ejercer su derecho constitucional a tener un arma”, refirió.
En México, para el registro de un arma -una pistola, rifle o escopeta-, se debe cumplir con varios requerimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como una solicitud elaborada especificando el uso que se le quiere dar, pruebas toxicológicas, psicológicas y de salud para el posible poseedor, así como una carta de buen comportamiento que debe otorgar alguna otra persona bajo protesta de decir verdad, es decir, una especie de carta de recomendación en la que se señale el “buen comportamiento” de la persona que desea el arma.