Montevideo (Mesa Américas), 27 abr (Sputnik). – La justicia de España está investigando a un estudio jurídico de Uruguay que estaría involucrado en la Operación Lazo, un desfalco millonario en una empresa pública de agua en el que están acusados dirigentes del conservador Partido Popular del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy.
El estudio Algorta & Asociados "se dedica a asesorar empresarios y empresas del extranjero para hacer negocios "offshore", es decir, a eludir pagos de impuestos", dijo a Sputnik el periodista uruguayo Fabián Werner, director del portal de investigación Sudestada, que sigue el caso en este país sudamericano.
El periodista explicó que la empresa española Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid y cuyo expresidente ya fue procesado, utilizó los servicios del estudio jurídico uruguayo para comprar en este país la sociedad Soluciones Andinas de Agua y a través de esta una firma brasileña del mismo rubro por 20 millones de euros.
"A los dos años de adquirida esa compañía dio una pérdida por más de 36 millones de euros; toda esta operación ocurrió con el asesoramiento del estudio jurídico uruguayo", señaló Werner.
La justicia española está investigando los detalles del rol de la consultora uruguaya, que ya ha sido señalada por su papel en la corrupción investigada en el caso Lava Jato de Brasil, que tiene como eje a la empresa petrolera semiestatal Petrobras.
"El dueño del estudio, Oscar Algorta, está imputado en Brasil por la compra-venta de un inmueble en Río de Janeiro para Néstor Cerveró, uno de los exgerentes de Petrobras, quien compró el departamento para intentar esconder la inversión de dinero proveniente de las coimas (sobornos) de la petrolera", explicó el periodista, quien dijo que Algorta fue quien asesoró a Cerveró.
Además, según Werner, Algorta está implicado en la operación Lava Jato por la creación de empresas para dos cambistas presos en Uruguay y con pedido de extradición de la justicia brasileña.
La Operación Lezo es llamada así en recuerdo del almirante español Blas de Lezo y Olabarrieta, que en el año 1741 y con solo seis barcos defendió a la ciudad de Cartagena de Indias (hoy territorio colombiano) del asedio del ejército inglés, que contaba con alrededor de 180 barcos, 32.000 soldados y unas 3.000 piezas de artillería.
La Guardia Civil española unió la historia de Lezo con la denuncia al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido el 19 de abril por el presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal de Isabel II en beneficio propio.
El principal imputado de la causa habría sido espiado en Cartagena en 2008, donde se reunió con el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010) y donde fue filmado entrando con bolsas blancas a un edificio y saliendo luego sin ellas.
La extensión de la investigación coincidió con la visita a Uruguay del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien el miércoles se reunió con el jefe de Estado de este país sudamericano, Tabaré Vázquez. (Sputnik)