Bogotá, 24 mar (Sputnik).- Las dificultades que reconocieron el miércoles el Gobierno colombiano y la guerrilla FARC para finalizar un acuerdo y poner fin a las hostilidades trae a la memoria la fallida desmovilización de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década pasada, que resultó en nuevas formas de delitos y violencia.
De hecho, el miércoles se presentó en La Habana un libro que alerta sobre el peligro extremo de violencia que corren 88 municipios del país una vez que se desmovilicen las FARC, debido a la presencia de los remanentes de las AUC, conocidos como paramilitares.
Estos grupos surgieron a finales de los años 70, creados por las estructuras narcotraficantes para proteger sus cultivos de coca de las guerrillas de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de Liberación.
Los paramilitares se fortalecieron por cuenta propia y se convirtieron en las AUC en la década de los 90, mientras se extendían por buena parte del territorio y sumaban unos 40.000 hombres a sus filas de extrema derecha bajo la bandera del anticomunismo.
Contaron con respaldo de políticos, militares, ganaderos y empresarios, quienes posteriormente adujeron falta de protección del Estado como el motivo para consolidar a las AUC.
MACHETES Y MOTOSIERRAS
Según un informe del estatal Centro Nacional de Memoria Histórica, las AUC perpetraron 1.166 masacres entre la década de 1980 y 2012.
Además, fortalecieron el narcotráfico, perpetraron desplazamientos masivos y emplearon violencia extrema, como el uso de machetes y motosierras contra sus víctimas, lo que las llevó a ser catalogadas organización terrorista por Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos.
Luego de que el derechista Álvaro Uribe llegara a la presidencia en 2002, las AUC manifestaron su voluntad de iniciar diálogos con su Gobierno y decretaron un cese de hostilidades, que fue parcial e incompleto.
En las negociaciones, que comenzaron en octubre de 2002, las AUC se comprometieron a desmovilizar a todos sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005, pero sus 38 desarmes colectivos se extendieron hasta agosto de 2006.
También se comprometieron a declarar la verdad de sus crímenes y a reparar a las víctimas, acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz, que les otorgaba penas de prisión reducidas.
Según reportes oficiales, 31.671 paramilitares abandonaron filas y entregaron 18.051 armas; los jefes desmovilizados fueron recluidos en cárceles del departamento de Antioquia (noroeste).
PARAPOLÍTICA
Pero en 2001 la dirigencia de las AUC, siete diputados, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes habían firmado el Pacto de Santa Fe de Ralito (norte del país), con el propósito de "refundar la patria".
El acuerdo solo se conoció en noviembre de 2006, cuando uno de los firmantes lo reveló; y en enero de 2007, el texto fue detallado por uno de los líderes de las AUC durante una audiencia.
Así estalló el escándalo de la "parapolítica", pacto entre el poder civil, militar y económico con las AUC.
Los líderes de las AUC y los políticos implicados, la mayoría seguidores de Uribe, buscaban beneficiarse de alianzas económicas y lograr cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones, así como en el Congreso y otros órganos estatales.
En total, 68 congresistas fueron vinculados a la "parapolítica" y más de 30 de ellos fueron encerrados en prisión.
Mientras el escándalo crecía, el Gobierno extraditó a EEUU en mayo de 2008 de manera sorpresiva a 14 líderes de las AUC acusados de narcotráfico bajo el argumento de que incumplían el proceso de paz y delinquían desde la cárcel.
La Corte Penal Internacional observó entonces que con la extradición se hacía imposible que los paramilitares dijeran la verdad a sus víctimas y repararan sus crímenes.
De los más de 30.000 desmovilizados de las AUC, apenas 2.000, menos del dos por ciento, se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, determinando el fracaso del proceso.
FARSA
Fue una "farsa", dijo uno de los criminales más notorios de las AUC, Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', quien sostuvo que al momento de desmovilizarse los paramilitares no sumaban más de 16.000, por lo que la mitad de los desmovilizados no hacían parte de sus filas.
Comenzó entonces otro escándalo, el de las falsas desmovilizaciones, que acabó con el alto comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, prófugo de la justicia.
Según el Gobierno, cerca de 3.700 disidentes de las AUC pasaron a integrar viejas estructuras de delincuencia organizada o a conformar otras nuevas en toda la geografía de Colombia: las bandas criminales (Bacrim), que ya suman 6.000 integrantes y se financian con el narcotráfico.
Las Bacrim emplean prácticas similares a las AUC y mantienen su misma estructura militar, económica y política.
Con base en esa experiencia, el Gobierno colombiano busca proteger el actual proceso de paz con las FARC por medio de comisiones verificadoras internacionales y países observadores del acuerdo que minimicen las acechanzas que enfrentará el cese del fuego en los territorios colombianos todavía minados de peligros. (Sputnik)
De hecho, el miércoles se presentó en La Habana un libro que alerta sobre el peligro extremo de violencia que corren 88 municipios del país una vez que se desmovilicen las FARC, debido a la presencia de los remanentes de las AUC, conocidos como paramilitares.
Estos grupos surgieron a finales de los años 70, creados por las estructuras narcotraficantes para proteger sus cultivos de coca de las guerrillas de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de Liberación.
Los paramilitares se fortalecieron por cuenta propia y se convirtieron en las AUC en la década de los 90, mientras se extendían por buena parte del territorio y sumaban unos 40.000 hombres a sus filas de extrema derecha bajo la bandera del anticomunismo.
Contaron con respaldo de políticos, militares, ganaderos y empresarios, quienes posteriormente adujeron falta de protección del Estado como el motivo para consolidar a las AUC.
MACHETES Y MOTOSIERRAS
Según un informe del estatal Centro Nacional de Memoria Histórica, las AUC perpetraron 1.166 masacres entre la década de 1980 y 2012.
Además, fortalecieron el narcotráfico, perpetraron desplazamientos masivos y emplearon violencia extrema, como el uso de machetes y motosierras contra sus víctimas, lo que las llevó a ser catalogadas organización terrorista por Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos.
Luego de que el derechista Álvaro Uribe llegara a la presidencia en 2002, las AUC manifestaron su voluntad de iniciar diálogos con su Gobierno y decretaron un cese de hostilidades, que fue parcial e incompleto.
En las negociaciones, que comenzaron en octubre de 2002, las AUC se comprometieron a desmovilizar a todos sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005, pero sus 38 desarmes colectivos se extendieron hasta agosto de 2006.
También se comprometieron a declarar la verdad de sus crímenes y a reparar a las víctimas, acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz, que les otorgaba penas de prisión reducidas.
Según reportes oficiales, 31.671 paramilitares abandonaron filas y entregaron 18.051 armas; los jefes desmovilizados fueron recluidos en cárceles del departamento de Antioquia (noroeste).
PARAPOLÍTICA
Pero en 2001 la dirigencia de las AUC, siete diputados, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes habían firmado el Pacto de Santa Fe de Ralito (norte del país), con el propósito de "refundar la patria".
El acuerdo solo se conoció en noviembre de 2006, cuando uno de los firmantes lo reveló; y en enero de 2007, el texto fue detallado por uno de los líderes de las AUC durante una audiencia.
Así estalló el escándalo de la "parapolítica", pacto entre el poder civil, militar y económico con las AUC.
Los líderes de las AUC y los políticos implicados, la mayoría seguidores de Uribe, buscaban beneficiarse de alianzas económicas y lograr cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones, así como en el Congreso y otros órganos estatales.
En total, 68 congresistas fueron vinculados a la "parapolítica" y más de 30 de ellos fueron encerrados en prisión.
Mientras el escándalo crecía, el Gobierno extraditó a EEUU en mayo de 2008 de manera sorpresiva a 14 líderes de las AUC acusados de narcotráfico bajo el argumento de que incumplían el proceso de paz y delinquían desde la cárcel.
La Corte Penal Internacional observó entonces que con la extradición se hacía imposible que los paramilitares dijeran la verdad a sus víctimas y repararan sus crímenes.
De los más de 30.000 desmovilizados de las AUC, apenas 2.000, menos del dos por ciento, se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, determinando el fracaso del proceso.
FARSA
Fue una "farsa", dijo uno de los criminales más notorios de las AUC, Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', quien sostuvo que al momento de desmovilizarse los paramilitares no sumaban más de 16.000, por lo que la mitad de los desmovilizados no hacían parte de sus filas.
Comenzó entonces otro escándalo, el de las falsas desmovilizaciones, que acabó con el alto comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, prófugo de la justicia.
Según el Gobierno, cerca de 3.700 disidentes de las AUC pasaron a integrar viejas estructuras de delincuencia organizada o a conformar otras nuevas en toda la geografía de Colombia: las bandas criminales (Bacrim), que ya suman 6.000 integrantes y se financian con el narcotráfico.
Las Bacrim emplean prácticas similares a las AUC y mantienen su misma estructura militar, económica y política.
Con base en esa experiencia, el Gobierno colombiano busca proteger el actual proceso de paz con las FARC por medio de comisiones verificadoras internacionales y países observadores del acuerdo que minimicen las acechanzas que enfrentará el cese del fuego en los territorios colombianos todavía minados de peligros. (Sputnik)